Las ciberestafas se convirtieron en uno de los delitos que más crecieron en los últimos años y Río Cuarto no escapa a esa realidad.

Durante su paso por la mesa de Breves Streaming, el Defensor del Pueblo Daniel Frangie reveló datos preocupantes sobre el impacto económico que generaron estos delitos en la ciudad durante 2025.

Según explicó, las denuncias registradas en la Defensoría del Pueblo permitieron dimensionar el alcance del problema.

“El año pasado tuvimos más de 200 casos de ciberestafas denunciados en la Defensoría del Pueblo”, detalló.

Pero el dato más significativo tiene que ver con el dinero perdido por las víctimas.

“El monto total superó los 600 millones de pesos y si sumamos operaciones en dólares se acerca a los 700 millones”, afirmó.

El defensor explicó que estos delitos se producen generalmente a partir de engaños digitales que buscan obtener datos personales o bancarios de las víctimas.

“Estamos hablando de maniobras donde una persona es engañada para entregar sus datos y a partir de ahí se producen movimientos en sus cuentas o se solicitan créditos a su nombre”, señaló.

Frangie sostuvo que uno de los problemas más graves es que muchas veces las víctimas terminan asumiendo las consecuencias económicas de estas estafas.

“No podemos seguir victimizando a la víctima. En muchos casos las entidades financieras terminan cobrándole a la persona el crédito que sacaron a su nombre”, advirtió.

Además, remarcó que el daño no es solamente económico.

“El daño moral y emocional es enorme. Muchas personas sienten vergüenza o creen que el problema fue por un error propio”, explicó.

Ante este escenario, el defensor recomendó que quienes sufran este tipo de delitos realicen la denuncia judicial antes de iniciar cualquier reclamo administrativo.

“Primero hay que hacer la denuncia policial o judicial porque estamos frente a un delito. Luego la Defensoría puede acompañar el reclamo frente a las entidades financieras”, indicó.

Frangie también planteó la necesidad de mejorar los sistemas de prevención y control.

“Las entidades financieras deben asumir mayor responsabilidad en la protección de los usuarios y el sistema judicial necesita más herramientas para investigar estos delitos”, concluyó.