La Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, la Auditoría General de Villa María y una amplia representación de intendentes del sur cordobés expresaron su rechazo al proyecto del Gobierno nacional que busca modificar el régimen de Zona Fría establecido por la Ley 27.637.

El pronunciamiento institucional fue presentado luego del envío al Congreso del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, que propone eliminar el criterio territorial vigente para acceder a los beneficios tarifarios en el servicio de gas natural.

En el documento, las instituciones sostienen que el régimen actual “constituye una garantía de acceso equitativo a la energía” y remarcan que su eliminación implicaría “retroceder a una situación de inequidad insostenible”.

Además, indicaron que distintos departamentos de Córdoba, entre ellos Río Cuarto, Calamuchita, Marcos Juárez y Unión, poseen condiciones climáticas diferentes a otras regiones que comparten el mismo cuadro tarifario, motivo por el cual habían sido incorporados al beneficio mediante la ley sancionada en 2021.

Entre las consecuencias señaladas en caso de aprobarse la reforma, el documento menciona la pérdida del diferencial tarifario para usuarios residenciales y aumentos estimados entre el 42% y el 100% en las facturas de gas durante el invierno. También advierte sobre el impacto en familias trabajadoras y sectores vulnerables, especialmente por el incremento del gasto energético en los meses de bajas temperaturas.

El texto además plantea que la medida podría profundizar la pobreza energética, aumentar la morosidad en el pago de servicios y generar mayores costos en el sistema de salud pública debido a enfermedades respiratorias asociadas a la falta de calefacción adecuada.

En ese marco, los firmantes solicitaron al Congreso que no avance con la iniciativa en su formato actual y reclamaron al Ejecutivo nacional la presentación de datos “auditados y transparentes” sobre el funcionamiento del Fondo de Zona Fría. También pidieron convocar a una audiencia pública federal con participación de provincias, municipios y organismos técnicos antes de cualquier modificación.

El documento lleva las firmas del defensor del Pueblo de Córdoba, Carlos Galoppo; el defensor del Pueblo de Río Cuarto, Daniel Frangie; el auditor general de Villa María, Rafael Sachetto; el intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas; además de jefes comunales, intendentes y legisladores del sur provincial.