El Consejo Económico y Social de Río Cuarto presentó un diagnóstico sobre la situación que atraviesa el sistema judicial local y regional. La exposición contó con la participación del presidente del organismo, Sergio Saleme, la vicepresidenta Antonia Oggero y representantes de distintas instituciones de la ciudad.

También estuvieron presentes Alberto Fernández, por el Colegio de Abogados; Iván Sagadi y Alicia Asencio, en representación del CECIS; y Fernando Lagos, por la Sociedad Rural de Río Cuarto.

Durante el encuentro, los referentes expusieron una serie de indicadores que reflejan las dificultades que enfrenta actualmente la Justicia para dar respuesta a la demanda de una población que supera los 311.000 habitantes entre Río Cuarto y las localidades de la región.

Según señalaron, las fiscalías penales reciben un promedio de 1.002 causas mensuales, mientras que la estructura operativa prácticamente no ha registrado modificaciones significativas en las últimas cuatro décadas. En ese contexto, indicaron que el sistema logra resolver apenas 72 causas por mes.

A ello se suma la falta de insumos forenses considerados esenciales para las investigaciones, la insuficiencia de personal en los Equipos Técnicos y las demoras que se registran en distintos fueros. En el ámbito laboral, por ejemplo, los tiempos de espera para obtener sentencias superan los dos años debido a vacantes que permanecen sin cubrir.

Los representantes de las instituciones remarcaron que esta situación impacta directamente en los ciudadanos que recurren a los tribunales en busca de respuestas. En ese sentido, sostuvieron que no se trata de un reclamo sectorial sino de una problemática vinculada al acceso a la Justicia y al funcionamiento de las instituciones.

Ante este escenario, el Consejo Económico y Social anunció una convocatoria dirigida a la ciudadanía para respaldar un pedido formal al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba. El objetivo es solicitar la asignación de partidas presupuestarias y recursos que permitan revertir el actual desfinanciamiento estructural del sistema judicial.

Los referentes coincidieron en que fortalecer la estructura judicial resulta necesario para garantizar el acceso a la Justicia y resguardar los derechos constitucionales de los habitantes de Río Cuarto y toda la región.

"Corregir estas deficiencias es indispensable para resguardar las garantías constitucionales en nuestra ciudad y región", señalaron desde el Consejo al fundamentar el reclamo.