Durante la apertura del 147 período de sesiones ordinarias de la legislatura, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció medidas clave para profundizar la política de austeridad que ha caracterizado su gestión. En su discurso, Llaryora informó que reducirá en un 30% la cantidad de agencias estatales para optimizar el funcionamiento del gobierno sin comprometer los servicios esenciales. Además, mencionó la prórroga por un año más de la reducción salarial del 25% para él mismo y del 15% para los funcionarios, medida que invitó a los legisladores a adoptar.

El mandatario remarcó que estas acciones buscan mantener el delicado equilibrio fiscal que Córdoba ha logrado, a pesar de la crisis económica que afecta al país. “Nosotros hemos bajado el gasto público más que la propia Nación, priorizando la infraestructura y los programas de contención social”, expresó.

El gobernador destacó que, a diferencia del gobierno nacional, su administración ha logrado un superávit fiscal del 1,2% al cierre de 2024, fruto de una estricta política de reducción del gasto. Esta cifra, según Llaryora, fue posible gracias a una administración eficiente que permitió reducir el gasto público en un 7,8% en comparación con el PBI provincial, superando el 7,2% logrado a nivel nacional.

Llaryora se apoyó en un informe reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que resalta cómo la provincia de Córdoba ha mantenido sus finanzas en mejor estado que la Nación. "Estamos a solo tres puntos de alcanzar la meta del 25% del Pacto de Mayo, mientras que la Nación está a ocho puntos", afirmó el gobernador, comparando el desempeño financiero provincial con el nacional.

Este esfuerzo, subrayó, fue reconocido por agencias internacionales como Moody’s, que mejoraron la calificación de la deuda pública de Córdoba gracias a la solidez financiera de la provincia. “Estos datos concretos son la respuesta para quienes cuestionan el sacrificio que los cordobeses y su gobierno hicieron para sostener la esperanza que los argentinos depositaron en el gobierno nacional”, afirmó.

Llaryora enfatizó que la situación fiscal favorable es fruto de decisiones tomadas desde el inicio de su gestión, cuando el gobierno provincial asumió responsabilidades que, según la ley, corresponden a la Nación. Entre ellas, mencionó el Fondo de Incentivo Docente, que representa casi el 10% del salario de los docentes, programas sociales y de salud que dejaron de recibir financiación nacional, y las transferencias que la Nación debería realizar a la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

Asimismo, denunció la interrupción de los subsidios nacionales al transporte y la paralización de obras públicas. A pesar de ello, Córdoba logró sostener su propia obra pública y mitigar el impacto social y económico de estas decisiones. “En cada pueblo y ciudad de la provincia hay una obra en marcha o programada, de manera conjunta con los intendentes”, afirmó, destacando el esfuerzo compartido entre el gobierno provincial y los municipios.

El gobernador finalizó su discurso subrayando que Córdoba no ha trasladado responsabilidades provinciales a los municipios, y que el esfuerzo de su gestión ha permitido que cada rincón de la provincia cuente con algún proyecto de obra. "En Córdoba no paramos", concluyó enfáticamente.